CASO GERARDI

Dos días después de la publicación del informe "Guatemala: Nunca más", el 26 de abril de 1998, el obispo Gerardi fue salvajemente asesinado a golpes en el garage de la casa parroquial de San Sebastián, en la ciudad de Guatemala. Los criminales usaron un bloque de concreto para destrozarle el cráneo, desfigurándole al punto de que el rostro del obispo quedó irreconocible y la identificación se logró sólo tras el reconocimiento del anillo episcopal en su mano. Su cuerpo fue descubierto tendido en el garage por el sacerdote Mario Orantes, que compartía la parroquia con el obispo y quien, sospechosamente, demoró horas en dar aviso del asesinato a la fuerza pública, asegurando no haber oído nada fuera de lo común esa noche.
Las indagaciones médicas comprobaron, por una fractura en el dedo, que el clérigo intentó repeler el ataque. Las declaraciones de Orantes, posteriormente, serían erráticas y contradictorias. Las piernas del occiso estaban cruzadas a la altura de los tobillos y las manos entrecruzadas sobre el pecho. Cerca del cuerpo estaba el bloque de concreto triangular que presuntamente fue utilizado para cometer el crimen. Las inconsistencias y la negligencia en la investigación empezaron en la escena del crimen: en cintas de vídeo de la escena del crimen aparecía el fiscal analizando la presunta arma del delito sin guantes y caminando entre los charcos de sangre alrededor del cadáver. Las muestras forenses se enviaron al laboratorio en recipientes sin sellar.
A finales de mayo, la ODHAG suministró un número de licencia de un vehículo registrado en una base militar, que había sido visto por un testigo identificado dando vueltas alrededor de la parroquia la noche del crimen, así como los nombres del coronel retirado Byron Lima Estrada y de su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, suscrito al Estado Mayor Presidencial, (órgano de inteligencia militar), quienes, según la ODHAG, estaban presuntamente relacionados con el asesinato. Curiosamente, los registros del vehículo en archivos estatales desaparecieron luego de que se hiciera pública tal información.
Tras la muerte de monseñor Gerardi, miembros de la ODHAG fueron sometidos a vigilancia esporádica por parte de desconocidos y recibieron amenazas anónimas por teléfono. El 8 de junio del 2001, el poder judicial estableció la existencia del delito de ejecución extrajudicial en la persona de Juan Gerardi y responsabilizó, en calidad de autores mediatos, al coronel Byron Lima Estrada, al capitán Byron Lima Oliva y al ex especialista del ejército Obdulio Villanueva y, en calidad de cómplice, al sacerdote Mario Orantes Nájera.

Tas esto los fiscales y jueces sufrieron serias amenazas y aun, varios de ellos debieron exiliarse. Asimismo, los testigos fueron presionados, habiendo atentados en contra de la mayoría de ellos. Sería determinante el testimonio de Rubén Chanax Sontay, un ex agente militar que afirmó haber sido informante de los servicios de inteligencia militar de Guatemala y cuya formación castrense podía ser comprobada. Había sido contratado para vigilar a Gerardi desde dos años antes del asesinato, haciéndose pasar por uno de los indigentes que pernoctaban en el parque ubicado al lado de la iglesia donde residía Gerardi.

Según Chanax, que luego saldría al exilio, la escena del crimen fue alterada por dos militares para desviar la acción de los investigadores. Custodiado por escoltas armados y amparado en un programa de protección de testigos a cargo de la fiscalía y sobre todo, de la cooperación internacional, Chanax declaró ante el tribunal.
La sentencia en primera instancia, acogida con aprobación tanto nacional como internacionalmente, fue considerada un importante precedente concretado en el proceso de fortalecimiento del estado de derecho y en la lucha contra la impunidad, pues fue la primera sentencia contra elementos castrenses en un tribunal civil en la historia del país. Las apelaciones relativas fueron desestimadas. Los condenados solicitaron en el año 2010 la rendición judicial de penas, lo cual denegó la judicatura pertinente.
El caso continúa abierto en la fiscalía guatemalteca.