martes, 13 de julio de 2010

VIDA

Nació en la Ciudad de Guatemala, el 27 de diciembre de 1922. Hijo de Manuel y Laura, quienes tuvieron cuatro hijos, Juan era el segundo.A los doce años, insistió firmemente en que quería entrar al Seminario para ser sacerdote. Fue admitido en el Seminario Menor y siguió el camino de la formación para ser sacerdote sin interrupciones. Juan Gerardi terminó los estudios de filosofía en el Seminario de Guatemala y con una beca que le otorgaron, finalizó sus estudios de teología en el seminario diocesano de New Orleans, Estados Unidos.Su ordenación sacerdotal tuvo lugar en la Catedral Metropolitana de Guatemala el 21 de diciembre de 1946. Los siguientes 20 años, el sacerdote Juan Gerardi conoció más el campo, la pobreza, la vida de los indígenas y la gente pobre, porque sirvió como párroco en lugares del interior del país como Mataquescuintla, Tecpán, Patzicia, San Pedro Sacatepéquez y Palencia. Luego sirvió en la Ciudad de Guatemala en Santa Clara, El Sagrario y Candelaria. Fue canciller de la curia y Provicario General, primero con Monseñor Rosell y luego con Monseñor Casariego. Electo Obispo de La Verapaz el 9 de mayo de 1967; su ordenación episcopal fue el 30 de julio de 1967 y tomó posesión el 11 de agosto del mismo año. Encontró en La Verapaz una diócesis bastante pobre, con poca estructura y poca vida.

OBRA:

Monseñor Gerardi decidió que su prioridad era trabajar con los indígenas y organizó por primera vez en aquella diócesis cursillos para catequistas, el movimiento de los Delegados de la Palabra de Dios y la Pastoral Indígena y junto a los agentes de pastoral organizaron la liturgia en lengua Q'eqchi'. Logró la autorización para una de las primeras radios católicas e impulsó la presencia de comunidades religiosas en la diócesis.En septiembre de 1974 es elegido como Obispo de El Quiché y durante tres años continuó simultáneamente como Administrador Apostólico de La Verapaz. Las situaciones pastorales y sociales de El Quiché eran bastante difíciles. Eran los años en que la situación de la violencia crecía mucho en este territorio, uno de los más pobres de Guatemala.En El Quiché la lucha entre ejército y guerrilla se volvía cada día más fuerte alcanzando situaciones terribles entre 1980 y 1983. Cientos de catequistas y directivos de las comunidades cristianas, casi todos mayas, fueron asesinados. Como se muestra en el informe del REMHI, el gran impacto de la violencia fue contra los líderes sociales, 90% de ellos, líderes civiles.En 1980, siendo Monseñor Gerardi Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, viaja a El Vaticano para asistir al Sínodo de la Familia. A su regreso, se le prohibe el ingreso al país, por lo que viaja a San Salvador, en donde no le dan asilo, y finalmente a Costa Rica, desde donde siguió siendo el Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala.En 1982 pudo regresar a Guatemala y el 28 de agosto de 1984 fue nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala y también párroco de San Sebastián.En 1988, la Conferencia Episcopal de Guatemala delegó a Monseñor Rodolfo Quezada Toruño y a Monseñor Juan Gerardi para participar en la Comisión Nacional de Reconciliación.Llevó adelante la creación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, que se preocupa hasta hoy de las víctimas de la violencia y cualquier violación a los derechos humanos. En este contexto, empezó el proyecto interdiocesano REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), al cual Monseñor Gerardi se dedicaba casi por completo, con la esperanza de conocer la verdad por medio de testimonios para el pasado no se repitiera más, ya que estaba convencido de que la paz y la reconciliación se lograrían solamente conociendo la verdad.La presentación de los resultados de REMHI tuvo lugar el 24 de abril de 1998

CASO GERARDI

Dos días después de la publicación del informe "Guatemala: Nunca más", el 26 de abril de 1998, el obispo Gerardi fue salvajemente asesinado a golpes en el garage de la casa parroquial de San Sebastián, en la ciudad de Guatemala. Los criminales usaron un bloque de concreto para destrozarle el cráneo, desfigurándole al punto de que el rostro del obispo quedó irreconocible y la identificación se logró sólo tras el reconocimiento del anillo episcopal en su mano. Su cuerpo fue descubierto tendido en el garage por el sacerdote Mario Orantes, que compartía la parroquia con el obispo y quien, sospechosamente, demoró horas en dar aviso del asesinato a la fuerza pública, asegurando no haber oído nada fuera de lo común esa noche.
Las indagaciones médicas comprobaron, por una fractura en el dedo, que el clérigo intentó repeler el ataque. Las declaraciones de Orantes, posteriormente, serían erráticas y contradictorias. Las piernas del occiso estaban cruzadas a la altura de los tobillos y las manos entrecruzadas sobre el pecho. Cerca del cuerpo estaba el bloque de concreto triangular que presuntamente fue utilizado para cometer el crimen. Las inconsistencias y la negligencia en la investigación empezaron en la escena del crimen: en cintas de vídeo de la escena del crimen aparecía el fiscal analizando la presunta arma del delito sin guantes y caminando entre los charcos de sangre alrededor del cadáver. Las muestras forenses se enviaron al laboratorio en recipientes sin sellar.
A finales de mayo, la ODHAG suministró un número de licencia de un vehículo registrado en una base militar, que había sido visto por un testigo identificado dando vueltas alrededor de la parroquia la noche del crimen, así como los nombres del coronel retirado Byron Lima Estrada y de su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, suscrito al Estado Mayor Presidencial, (órgano de inteligencia militar), quienes, según la ODHAG, estaban presuntamente relacionados con el asesinato. Curiosamente, los registros del vehículo en archivos estatales desaparecieron luego de que se hiciera pública tal información.
Tras la muerte de monseñor Gerardi, miembros de la ODHAG fueron sometidos a vigilancia esporádica por parte de desconocidos y recibieron amenazas anónimas por teléfono. El 8 de junio del 2001, el poder judicial estableció la existencia del delito de ejecución extrajudicial en la persona de Juan Gerardi y responsabilizó, en calidad de autores mediatos, al coronel Byron Lima Estrada, al capitán Byron Lima Oliva y al ex especialista del ejército Obdulio Villanueva y, en calidad de cómplice, al sacerdote Mario Orantes Nájera.


Tas esto los fiscales y jueces sufrieron serias amenazas y aun, varios de ellos debieron exiliarse. Asimismo, los testigos fueron presionados, habiendo atentados en contra de la mayoría de ellos. Sería determinante el testimonio de Rubén Chanax Sontay, un ex agente militar que afirmó haber sido informante de los servicios de inteligencia militar de Guatemala y cuya formación castrense podía ser comprobada. Había sido contratado para vigilar a Gerardi desde dos años antes del asesinato, haciéndose pasar por uno de los indigentes que pernoctaban en el parque ubicado al lado de la iglesia donde residía Gerardi.


Según Chanax, que luego saldría al exilio, la escena del crimen fue alterada por dos militares para desviar la acción de los investigadores. Custodiado por escoltas armados y amparado en un programa de protección de testigos a cargo de la fiscalía y sobre todo, de la cooperación internacional, Chanax declaró ante el tribunal.
La sentencia en primera instancia, acogida con aprobación tanto nacional como internacionalmente, fue considerada un importante precedente concretado en el proceso de fortalecimiento del estado de derecho y en la lucha contra la impunidad, pues fue la primera sentencia contra elementos castrenses en un tribunal civil en la historia del país. Las apelaciones relativas fueron desestimadas. Los condenados solicitaron en el año 2010 la rendición judicial de penas, lo cual denegó la judicatura pertinente.
El caso continúa abierto en la fiscalía guatemalteca.